La ciudad española donde vives sí importa para la factura del agua: hay diferencias de casi 400 € según la OCU
En España, abrir el grifo no cuesta lo mismo según el lugar en el que vivas. Un nuevo informe de la OCU ha puesto números a una realidad que muchos intuían: las tarifas de agua dibujan un mapa lleno de desigualdades, con facturas que pueden triplicarse de una ciudad a otra y con miles de familias que siguen sin una tarifa social que las proteja.
El agua siempre ha sido un recurso delicado: imprescindible para la vida y, al mismo tiempo, cada vez más escaso. De ahí que fijar su precio sea un ejercicio de equilibrio. Como resume la propia OCU, "el agua debe tener un precio asequible a todos los ciudadanos porque es imprescindible para la vida", pero también "no se puede malgastar". Con esta premisa, la organización ha analizado las tasas del agua en 54 ciudades españolas y el resultado es tan revelador como preocupante.
Diferencias de hasta el triple: de 148 € a 516 € al año
Los datos generales muestran un país donde el mismo consumo -150 m3 anuales para un hogar medio- puede costar 148 € en Orense o dispararse hasta los 516 € en Barcelona. Una diferencia de 3,5 veces por un servicio idéntico. La OCU señala que estas brechas no siempre se explican por la disponibilidad de agua o la complejidad del abastecimiento, sino por criterios municipales muy dispares que afectan incluso a costes de depuración o alquiler de contadores, los cuales deberían ser similares en toda España.
El incremento respecto a 2023 también preocupa: la factura media ha subido un 12 %, "casi el doble que el IPC del periodo", según explica la organización. Entre las causas, la aproximación a los costes reales del servicio y las inversiones derivadas de la sequía de 2024.
Cuotas fijas muy altas y mínimos obligatorios
Buena parte del problema reside en los altos costes fijos que aplican muchas ciudades. En Melilla la cuota fija es 0 si no se consume agua, pero en Barcelona, Orense, Oviedo, Pontevedra o Soria existe un consumo mínimo obligatorio: te cobrarán una cantidad fija aunque no abras el grifo ni una vez. Resultado: la factura más baja posible en Barcelona, por ejemplo, ya arranca en 222 € al año; en Tarragona, 210 €; en Vigo, 202; y Ceuta, 190 €.
Bloques de consumo que no incentivan el ahorro
El sistema de bloques -precio creciente según se consume más- tampoco funciona siempre como debería. Según el estudio, los 50 primeros m3 se pagan de media a 2,90 €/m³, mientras que para consumos de 350 m3 el precio baja a 2,48 €/m³. Exactamente lo contrario de lo que se busca cuando se pretende fomentar el ahorro. Como advierte la OCU, "unos costes fijos altos distorsionan o anulan la progresividad".
También existen excepciones positivas, como es el caso de Las Palmas, donde los consumos bajos tienen tarifas muy reducidas.
El contador también dispara la factura
El precio del contador -alquiler, compra o instalación- ha subido notablemente por la implantación de la telegestión y la obligación de renovarlo cada 12 años. La OCU destaca el caso de Castellón, donde el coste anual ronda los 40 € y la concesionaria tiene libertad para fijar el precio. Valencia, Palma o Ávila también presentan importes "excesivos y poco justificados".
10 ciudades sin tarifa social: un incumplimiento grave
El aspecto más preocupante del informe no está en las cifras, sino en la falta de protección. Según la OCU, "todavía hay 10 capitales donde no hay ningún tipo de descuento o ayuda" para los hogares vulnerables: Cáceres, Castellón, Gijón, Guadalajara, Jaén, Lérida, San Sebastián, Segovia, Soria y Toledo.
Y lo más llamativo: salvo Bilbao, ninguna capital cumple la normativa del R.D. 3/2023, que obliga a aplicar reducciones especiales para los mismos colectivos que disfrutan del bono social eléctrico. Además, muchas ciudades exigen papeleos complicados y renovaciones anuales para acceder a las ayudas.
¿Quién sí tiene ayudas?
Los colectivos más protegidos son las familias numerosas (37 de 54 municipios), seguidos de pensionistas (18), hogares con bajos ingresos (14) o personas desempleadas (13). Pero solo 9 ciudades cuentan con una tarifa social plenamente definida.
La petición de la OCU al Gobierno
Ante esta situación, la organización pide a Consumo que intervenga como mediador y garantice que los derechos sociales se cumplen. Para ello, propone tres líneas claras:
- Definir colectivos vulnerables según los criterios del bono social eléctrico.
- Establecer bonificaciones o exenciones automáticas en las tarifas del agua.
- Evitar trámites innecesarios permitiendo que los beneficiarios del bono social eléctrico accedan directamente a las ayudas del agua.
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